Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha aclarado una cuestión relevante en el ámbito de la prevención de riesgos laborales: los tribunales pueden obligar a una empresa a implantar una medida preventiva concreta cuando esta sea necesaria para proteger la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.
La resolución (STS de 3 de abril de 2025) refuerza el carácter preventivo de la normativa y consolida el derecho de las personas trabajadoras a exigir una protección efectiva frente a los riesgos laborales.
Un debate que llevaba años abierto. Hasta ahora, existían dos interpretaciones posibles.
La primera defendía que corresponde exclusivamente a la empresa decidir qué medidas preventivas implanta, de modo que los tribunales únicamente podían declarar un incumplimiento si estas resultaban insuficientes.
La segunda interpretación consideraba que, si una medida concreta era necesaria para proteger la salud de las personas trabajadoras, los tribunales podían llegar a exigir su implantación.
La sentencia del Tribunal Supremo se alinea con esta segunda posición.
¿Qué establece la sentencia?
Según el Tribunal Supremo, cuando existe un riesgo laboral acreditado, no basta con reconocer que la empresa debe actuar. También puede determinarse qué actuación es necesaria para eliminar o reducir dicho riesgo.
Esto significa que la protección de la salud laboral no queda limitada a una declaración genérica de responsabilidad, sino que puede traducirse en obligaciones preventivas concretas.
Según el Tribunal Supremo, cuando existe un riesgo laboral acreditado, no basta con reconocer que la empresa debe actuar. También puede determinarse qué actuación es necesaria para eliminar o reducir dicho riesgo.
Una interpretación que refuerza el objetivo principal de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: evitar que los daños lleguen a producirse.
¿Cuándo puede exigirse una medida concreta?
La sentencia establece algunos requisitos esenciales:
- Debe existir un riesgo laboral identificado.
- La medida propuesta debe ser adecuada para reducir o eliminar dicho riesgo.
- La empresa puede oponerse si demuestra que el riesgo no existe o que dispone de otras medidas igualmente eficaces.
Por tanto, no se trata de imponer cualquier actuación, sino aquellas que puedan justificarse desde un punto de vista técnico y preventivo.
El papel de los representantes de los trabajadores
La resolución también pone en valor la participación de los delegados de prevención y de los representantes de los trabajadores.
La normativa ya les reconoce el derecho a proponer medidas preventivas y a solicitar mejoras en materia de seguridad y salud. Esta sentencia refuerza ese papel y confirma que dichas propuestas pueden tener recorrido cuando existe un riesgo que no ha sido gestionado adecuadamente.
Una prevención orientada a la acción
Más allá de las responsabilidades derivadas de un accidente, la prevención de riesgos laborales tiene como objetivo actuar antes de que el daño se produzca.
La sentencia del Tribunal Supremo refuerza esta filosofía preventiva y recuerda que la seguridad y la salud de las personas trabajadoras exigen medidas efectivas, proporcionadas y adaptadas a los riesgos existentes.
Desde RISK XXI – Prl & Services ayudamos a las organizaciones a identificar, evaluar y gestionar los riesgos laborales de forma eficaz, garantizando el cumplimiento normativo y la protección real de las personas trabajadoras. Si tu empresa necesita asesoramiento en materia preventiva, estamos aquí para ayudarte.
